El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Pablo Gómez, denunció que, desde el 1 de diciembre de 2018, se han congelado cuentas bancarias por un total de 32 mil 531 millones de pesos, derivadas de investigaciones por corrupción y lavado de dinero. Sin embargo, decisiones del Poder Judicial han permitido el desbloqueo de 23 mil 575 millones de pesos a través de juicios de amparo promovidos por los presuntos responsables.
Durante la conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum criticó estas resoluciones y aseguró que reflejan un problema de corrupción dentro del Poder Judicial. Explicó que la UIF solo procede al bloqueo de cuentas cuando hay evidencia de malos manejos financieros relacionados con delitos de cuello blanco o delincuencia organizada.
“El Poder Judicial está permitiendo que se liberen cuentas vinculadas a actos de corrupción y crimen organizado. No hay otra forma de llamarlo, es corrupción”, afirmó Sheinbaum, subrayando que estas prácticas refuerzan la necesidad de reformar el sistema judicial en el país.
Pablo Gómez detalló que, desde 2018, la UIF ha incorporado a su lista de bloqueo a 5 mil 904 personas físicas y mil 911 empresas, sumando un total de 7 mil 815 sujetos. No obstante, 910 personas y 360 empresas han sido eliminadas de la lista debido a resoluciones judiciales.
El funcionario condenó que los jueces permitan el descongelamiento de cuentas a través de suspensiones provisionales sin que se haya concluido un juicio de fondo, lo que favorece a quienes buscan evitar la acción de la justicia. “No se trata de errores judiciales aislados, sino de una estructura de corrupción que beneficia a personas vinculadas con el lavado de dinero”, enfatizó.
Frente a esta situación, Sheinbaum anunció que su administración presentará nuevas iniciativas ante el Congreso para fortalecer los mecanismos de control financiero y evitar que recursos de procedencia ilícita sigan operando en el sistema. Gómez destacó que la cercanía de México con Estados Unidos, el mayor mercado financiero del mundo, incrementa el riesgo de lavado de dinero, por lo que se requiere un sistema de supervisión más estricto.
“El lavado de dinero es el principal instrumento de la corrupción y la delincuencia organizada en México. En lugar de combatirlo, el Poder Judicial ha actuado como su principal defensor al descongelar cuentas sin una investigación de fondo”, aseveró Gómez.
El titular de la UIF presentó su informe en el contexto del caso de la conductora Inés Gómez Mont y su esposo, Víctor Manuel Álvarez, acusados de obtener sumas millonarias mediante contratos fraudulentos en el sistema penitenciario. Ambos habrían huido a Estados Unidos para evitar ser detenidos.
“Siguen prófugos, pero esperamos que sean extraditados y enfrenten la justicia en México. Sus cuentas fueron liberadas sin un proceso legal sólido, como ha ocurrido con cientos de personas en situaciones similares”, concluyó Gómez.
