La Cámara de Diputados aprobó la reforma constitucional promovida por la presidenta Claudia Sheinbaum para prohibir el nepotismo y la reelección inmediata en distintos cargos públicos a partir de 2030. La iniciativa fue respaldada en lo general con 477 votos a favor y ahora será enviada a los congresos estatales para su discusión y eventual aprobación.
El dictamen obtuvo 432 votos a favor por parte de Morena, PT, PVEM, PRI y MC, mientras que el PAN emitió 28 votos en contra y cuatro legisladores se abstuvieron. La reforma modifica los artículos 55, 59, 82, 115, 116 y 122 de la Constitución con el objetivo de evitar la concentración del poder y los conflictos de interés en la administración pública.
Uno de los cambios clave es la prohibición de que una persona sea electa para la gubernatura si, en los tres años previos a la elección, ha tenido un vínculo de matrimonio, concubinato, unión de hecho o parentesco por consanguinidad o afinidad con quien ocupe actualmente ese cargo. Esta restricción también aplicará para la Presidencia de la República, el Senado, la Cámara de Diputados, alcaldías, regidurías y sindicaturas.
Asimismo, la reforma impide la reelección inmediata de senadores y diputados federales, mientras que en el caso de presidencias municipales, regidurías, sindicaturas y diputaciones locales, serán los congresos estatales quienes definan su aplicación.
Durante la discusión, el diputado Víctor Hugo Lobo, presidente de la Comisión de la Reforma Político-Electoral, afirmó que esta medida previene el abuso de poder al impedir que los cargos públicos se hereden o sean utilizados para favorecer a familiares, eliminando así el tráfico de influencias y promoviendo la igualdad de oportunidades en los procesos electorales.
Por su parte, la diputada Ivonne Ortega, coordinadora de la bancada de Movimiento Ciudadano, subrayó que el nepotismo es un problema que afecta profundamente a la política y la sociedad, por lo que su eliminación no debe postergarse.
La reforma ahora será analizada por los congresos estatales, cuya aprobación es necesaria para su entrada en vigor.
