El proceso para designar al nuevo Fiscal de Guanajuato ha estado marcado por la opacidad, la burocracia y la falta de inclusión de los sectores más afectados por la violencia en el estado. A pesar de que la salida de Carlos Zamarripa Aguirre, quien ocupó el cargo por 16 años, representaba una oportunidad para un cambio significativo, la terna propuesta por la Gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo ha generado fuertes críticas. La terna incluye a Zucé Anastacia Hernández Martínez, actual encargada de despacho; Israel Aguado Silva, fiscal regional conocido por su cercanía con Zamarripa; y Gerardo Vázquez Alatriste, actual Fiscal regional de la FGR, quien se perfila como el favorito para ocupar el puesto.
Académicos y periodistas han señalado que el proceso se ha centrado más en acuerdos políticos entre partidos que en la selección de perfiles idóneos para el cargo. Según Raúl Sandoval, integrante de la plataforma Por la Paz y Justicia en Guanajuato, los nombres de Aguado y Hernández parecen ser “de relleno” y responden más a una “atención” hacia Zamarripa, quien aún mantiene influencia en la política estatal. Por su parte, el periodista Arnoldo Cuéllar calificó el proceso como una “oportunidad perdida” para sanear la política de procuración y enfrentar la violencia en el estado.
Gerardo Vázquez Alatriste, uno de los perfiles más fuertes, ha sido impulsado por la Gobernadora. Sin embargo, su relación cercana con el secretario de Seguridad, Mauro González, ha generado dudas sobre su capacidad para implementar estrategias efectivas contra la inseguridad. Sandoval advirtió que el cambio de requisitos para el cargo, promovido por la Gobernadora a finales de 2023, ha allanado el camino para Vázquez Alatriste, quien no nació en Guanajuato, pero cuyo perfil encaja con los intereses políticos de la mandataria.
Carlos Zamarripa, conocido como el “Fiscal eterno”, dejó una huella controversial en la seguridad del estado. A lo largo de su gestión, los índices de violencia aumentaron, y su poder se consolidó hasta el punto de influir en el nombramiento de jefes de policía a nivel local. A pesar de su renuncia, su legado sigue pesando sobre el proceso de selección del nuevo Fiscal.
El proceso actual ha sido criticado por la falta de transparencia y deliberación pública. Sandoval subrayó que no se establecieron criterios claros de idoneidad ni se abrió un espacio de diálogo ciudadano. La decisión se limitó a negociaciones entre los partidos, lo que ha generado pocas expectativas de un cambio real en la Fiscalía.
En resumen, el proceso de elección del nuevo Fiscal de Guanajuato ha sido percibido como un acuerdo entre cúpulas políticas, lejos de representar un cambio profundo que atienda las demandas de la sociedad y aborde de manera efectiva la creciente violencia en el estado.
