Un juez federal detuvo temporalmente la orden ejecutiva de Donald Trump que pretendía eliminar la ciudadanía por derecho de nacimiento en Estados Unidos. El juez John Coughenour calificó la medida como “descaradamente inconstitucional” durante la primera audiencia de una de las cinco demandas interpuestas por 22 estados y grupos defensores de los derechos de inmigrantes.
Coughenour, con más de 40 años de experiencia en el tribunal, expresó su asombro por la medida y cuestionó duramente al abogado del Departamento de Justicia, Brett Shumate, quien intentó justificar la constitucionalidad de la orden. Ante los cuestionamientos, el juez señaló que la medida violaba los principios fundamentales de la 14.ª Enmienda de la Constitución, que garantiza la ciudadanía a todas las personas nacidas en territorio estadounidense.
La orden ejecutiva de Trump, programada para entrar en vigor el 19 de febrero, habría impactado a cientos de miles de personas. En 2022, más de 255,000 niños nacieron de madres indocumentadas en Estados Unidos, según datos presentados en la demanda. Los fiscales advirtieron que su implementación obligaría a los estados a realizar costosos ajustes en sus sistemas de salud y beneficios sociales, afectando a millones de ciudadanos.
Lane Polozola, fiscal general adjunto de Washington, calificó como “absurdo” el argumento del gobierno de que los hijos de inmigrantes indocumentados no están sujetos a la jurisdicción de Estados Unidos. Resaltó que estas personas deben cumplir las leyes mientras se encuentren en el país y que negarles la ciudadanía sería inconstitucional.
La decisión de Coughenour, que aplica a nivel nacional, marca un precedente clave en la defensa del principio de ‘jus soli’, compartido por 30 países, incluyendo México y Canadá. Las demandas buscan frenar de forma definitiva la medida, argumentando que su entrada en vigor representaría un retroceso a derechos fundamentales y un daño irreversible para miles de familias.
