La decisión de Donald Trump de firmar una orden ejecutiva que elimina la ciudadanía por derecho de nacimiento ha provocado una reacción inmediata. Fiscales generales de 22 estados presentaron demandas argumentando que la medida, basada en la 14ª Enmienda de la Constitución, es inconstitucional y atenta contra derechos fundamentales de miles de niños nacidos en Estados Unidos.
La orden, titulada “Protección del significado y el valor de la ciudadanía estadounidense”, establece que los hijos de inmigrantes en situación irregular, nacidos en territorio estadounidense, no tendrán acceso automático a la ciudadanía, salvo que uno de sus padres sea ciudadano o residente legal. Aunque Trump había insinuado esta medida durante su primer mandato, no la concretó hasta ahora.
Una coalición de 18 estados, liderada por Massachusetts y otros como Nueva York, Nueva Jersey y California, encabeza una de las demandas. Señalan que la orden de Trump no solo viola derechos constitucionales, sino que también afectará los presupuestos de gobiernos locales, que perderían recursos vinculados a programas federales como los seguros médicos infantiles. De forma paralela, otros cuatro estados presentaron recursos legales en Seattle, mientras organizaciones de derechos civiles han interpuesto demandas en New Hampshire y Massachusetts en representación de familias potencialmente afectadas.
Matthew Platkin, fiscal general de Nueva Jersey, denunció que esta acción pone en peligro un principio constitucional vigente desde hace más de 150 años. “Los bebés nacidos en este país siempre han sido ciudadanos estadounidenses. Esta medida es un ataque a la esencia de nuestra nación”, afirmó. Letitia James, fiscal general de Nueva York, calificó la orden como peligrosa y sin sustento legal.
Especialistas en derecho constitucional han enfatizado que una orden ejecutiva no puede modificar la Constitución. Según Saikrishna Prakash, profesor de la Universidad de Virginia, “el presidente no tiene autoridad para reescribir la 14ª Enmienda; esto será resuelto por los tribunales”.
Mientras tanto, la Casa Blanca ha respondido calificando las demandas como un intento de la izquierda por resistirse a la voluntad del pueblo. Harrison Fields, subsecretario de prensa, declaró que la administración está lista para defender la orden en los tribunales.
El futuro de esta medida se perfila incierto, ya que expertos prevén una larga batalla legal que podría bloquear su implementación, intensificando el debate nacional sobre la política migratoria y los derechos fundamentales.
