Organizaciones civiles denunciaron la negativa del gobierno de Chihuahua a reconocer el desplazamiento forzado interno como un problema grave, señalando que esta postura revictimiza a cientos de familias que han abandonado sus hogares debido a la violencia. Las zonas más afectadas incluyen Guadalupe y Calvo, donde los enfrentamientos armados recientes han intensificado la crisis.
En un comunicado, la Consultoría Técnica Comunitaria (Contec) y el Colectivo en Prácticas Psicosociales y Acción Comunitaria, que acompañan a víctimas de desplazamiento forzado, condenaron que las autoridades estatales nieguen la existencia del delito bajo el argumento de que “no hay denuncias penales” ni “amenazas directas”. Advirtieron que esta postura ignora la magnitud del problema y agrava la vulnerabilidad de las comunidades afectadas.
Las organizaciones enfatizaron que estas familias no abandonan sus hogares por voluntad propia, sino como resultado de la violencia generalizada y la falta de seguridad en sus comunidades. También criticaron que el gobierno atribuya el fenómeno a factores como la falta de empleo o alimentos, obviando que estas carencias son consecuencia directa del clima de violencia en regiones como la Sierra Tarahumara.
El desplazamiento forzado, reconocido como una violación de derechos humanos por los Principios Rectores de Desplazamientos Internos de la ONU y la Ley General de Víctimas, sigue sin ser atendido adecuadamente en Chihuahua. Aunque el gobierno estatal ha anunciado un protocolo para atender a las víctimas, las organizaciones señalaron que no han recibido información ni han sido consultadas sobre el documento.
Además, las sentencias judiciales que ordenan a las autoridades brindar protección e indemnización a las víctimas han sido ignoradas, perpetuando su desamparo. Las agrupaciones denunciaron que la falta de acciones efectivas por parte del gobierno fomenta un ambiente de inseguridad y enfrentamientos armados en la región.
Las organizaciones instaron al gobierno a reconocer oficialmente el desplazamiento forzado, garantizar la seguridad pública y tomar medidas inmediatas para atender a las comunidades afectadas, asegurando que las insuficiencias actuales solo perpetúan la violencia y el abandono institucional.
