El presidente de Corea del Sur, Yoon Suk Yeol, fue destituido por la Asamblea Nacional tras intentar imponer la ley marcial por primera vez en 45 años, con el argumento de la obstrucción de su agenda por parte de la oposición en el Parlamento. La medida, que duró solo unas horas, desató una crisis política que culminó en su destitución en una votación de 204 votos a favor y 85 en contra.
Este acontecimiento no solo provocó indignación pública, sino que también generó protestas que celebraron la votación en la Asamblea. La destitución de Yoon refleja el creciente descontento con su gobierno, marcado por la polarización política y escándalos familiares. En su lugar, el primer ministro Han Duck-soo asumió como líder interino, aunque su autoridad es limitada por no ser un funcionario electo.
La crisis política no ha terminado. Yoon, quien es profundamente impopular, ha prometido luchar en los tribunales para recuperar el poder, mientras enfrenta posibles cargos por insurrección. Su destino ahora está en manos del Tribunal Constitucional, que decidirá en los próximos seis meses si lo restituye o confirma su destitución. Si se le destituye formalmente, Corea del Sur deberá elegir a un nuevo presidente en un plazo de dos meses.
La presión pública sobre el partido gobernante había aumentado considerablemente. La popularidad de Yoon había caído al 11%, según encuestas recientes. A pesar de los esfuerzos por destituirlo, algunos miembros de su propio partido votaron a favor de su destitución, lo que selló su destino político.
Con este evento, Corea del Sur se enfrenta a una creciente incertidumbre política. A pesar de la destitución, Yoon ha insistido en que sus esfuerzos por fortalecer los lazos militares con Estados Unidos y Japón deben continuar, pero ha indicado que luchará hasta el final para recuperar su poder.
