Kim Yong Hyun, exministro de Defensa de Corea del Sur, fue arrestado formalmente bajo los cargos de rebelión y abuso de poder, tras su papel en la imposición de la ley marcial el pasado 3 de diciembre. Este controvertido decreto, que se mantuvo activo por apenas seis horas, ha desatado una tormenta política en el país, generando protestas multitudinarias y una ola de indignación nacional.
El decreto, que marcó la primera ley marcial en Corea del Sur en más de cuatro décadas, fue emitido bajo la administración del presidente Yoon Suk Yeol. Kim está acusado de coordinar el despliegue de tropas en la Asamblea Nacional con el objetivo de bloquear a los legisladores y evitar que invalidaran la medida. Sin embargo, el Parlamento logró reunir los votos necesarios para rechazar el decreto, obligando al gobierno a levantar la ley marcial antes del amanecer del 4 de diciembre.
El Tribunal del Distrito Central de Seúl ordenó el arresto de Kim, calificándolo como un actor clave en la ejecución de la medida. Las autoridades sospechan que actuó en colusión con altos mandos militares y el propio presidente Yoon, quien ahora enfrenta una prohibición de viajar al extranjero y una investigación independiente aprobada por el Parlamento.
En un intento por aliviar las tensiones, Kim asumió públicamente la responsabilidad total del decreto y solicitó clemencia para los soldados implicados, argumentando que solo cumplían órdenes. Sin embargo, sectores de la oposición han señalado que las pruebas apuntan a una operación orquestada desde las más altas esferas del gobierno.
Durante una audiencia parlamentaria, el comandante Kwak Jong Keun declaró que recibió órdenes directas de Kim para bloquear la entrada de los legisladores a la Asamblea Nacional, buscando impedir que se alcanzara el quórum necesario para rechazar el decreto. Estas declaraciones refuerzan las acusaciones de abuso de poder y manipulación institucional.
El caso ha abierto un intenso debate sobre los límites del poder presidencial y el papel de las fuerzas armadas en una democracia. Con investigaciones en curso y un fiscal especial designado para indagar en el caso, el desenlace podría redefinir la política surcoreana y sus instituciones democráticas en los próximos años.
