El acceso a tratamientos médicos para menores transgénero, tema de intenso debate en Estados Unidos, llegó este miércoles al Tribunal Supremo. Los magistrados examinan la ley SB1 de Tennessee, que prohíbe el uso de bloqueadores de la pubertad y terapias hormonales de transición para menores. Esta medida, promulgada en 2023, ha sido calificada como discriminatoria por la administración de Joe Biden, activistas y familias afectadas.
Los demandantes argumentan que la prohibición viola la Decimocuarta Enmienda de la Constitución, al privar a las personas trans de tratamientos permitidos para otras condiciones médicas. Según Elizabeth Prelogar, abogada de la administración Biden, estas terapias reducen significativamente la depresión y el riesgo de suicidio en adolescentes con disforia de género. Por su parte, Chase Strangio, abogado de la Unión Americana de Libertades Civiles, señaló que la ley elimina “el único tratamiento que aliviaba años de sufrimiento” para quienes la necesitan.
En defensa de la medida, el representante estatal Matthew Rice argumentó que la ley protege a los menores de procedimientos “irreversibles y de alto riesgo”. Además, destacó que los tratamientos siguen disponibles para otros fines médicos, pero no para la transición de género.
Los magistrados del Supremo, con mayoría conservadora, expresaron posturas encontradas. John Roberts, presidente del tribunal, sugirió que estas decisiones deberían recaer en los legisladores estatales. Brett Kavanaugh, por su parte, reconoció la complejidad del caso, al considerar los posibles daños tanto si se permiten como si se prohíben los tratamientos.
Este caso tiene lugar en un contexto de creciente restricción en varios estados. Según un estudio del Instituto Williams de la Universidad de UCLA, más de 300,000 jóvenes trans viven en regiones con leyes similares, que ahora representan casi la mitad del país.
La legislación de Tennessee se suma a las tensiones en un país donde los derechos trans han sido parte de las denominadas “guerras culturales” entre republicanos y demócratas. Donald Trump, presidente electo, ha prometido implementar una prohibición federal para estos tratamientos en menores y limitar su acceso en adultos, lo que añade peso a la resolución del Supremo en este caso clave.
