Con una aprobación mayoritaria de 344 votos a favor y 91 en contra, la Cámara de Diputados aprobó la Ley Federal de Derechos, que incluye una serie de incrementos en tarifas y derechos con el objetivo de generar 137 mil 505.5 millones de pesos para el gobierno federal en 2025. Las modificaciones impactarán en sectores como migración, minería y aeronáutica, entre otros.
A partir del próximo año, el derecho que pagan los visitantes sin permiso para actividades remuneradas aumentará a 860.56 pesos, mientras que la tarifa por servicios migratorios a pasajeros internacionales que dejen el país subirá un 20%, pasando de 185.91 a 223.09 pesos.
La Ley también contempla un ajuste en los derechos mineros, aumentando del 7.5% al 8.5% la tasa especial sobre los ingresos derivados de la venta de productos mineros, y elevando de 0.5% al 1% el derecho extraordinario. Este incremento se justifica por los beneficios económicos obtenidos por la explotación de minerales y recursos no renovables de la Nación.
Adicionalmente, se eliminará la exención del pago de derechos para las escuelas de aviación que realicen vuelos de enseñanza, así como para los pasajeros extranjeros en cruceros turísticos, buscando optimizar el control migratorio y mejorar la recaudación de estos derechos.
El paquete fiscal también incluye cambios en la distribución de los ingresos derivados de derechos migratorios y aeroportuarios. El 67% de los recursos de los derechos migratorios se destinará a la Secretaría de la Defensa Nacional, mientras que el 33% restante irá a la Tesorería de la Federación. En cuanto a los ingresos por el uso de aeropuertos federales, el 60% será dirigido a la Secretaría de la Defensa y el 40% a la Secretaría de Marina.
Por otro lado, la Ley de Derechos exime del pago a quienes utilicen las telecomunicaciones para realizar tareas de protección civil durante emergencias, como huracanes o sismos, en reconocimiento a su labor. Además, se reajustan las tarifas para el acceso a Áreas Naturales Protegidas, de manera que reflejen el impacto real del uso de estos recursos.
Este conjunto de reformas está incluido en el Paquete Económico 2025, cuyo objetivo es fortalecer las finanzas públicas y garantizar el financiamiento de los programas prioritarios del gobierno federal.
