En la actualidad, 479 indígenas están detenidos en el sistema penitenciario de Chihuahua, donde la ley establece que deben recibir asistencia de traductores en sus procesos judiciales. No obstante, el Informe Temático sobre Impunidad 2024 revela que el 62.1% de ellos no tuvo acceso a un traductor o intérprete, lo que significa que más de 200 indígenas en la región no recibieron el apoyo requerido.
Frente a esta situación, la diputada Edith Palma, de origen rarámuri y parte del Grupo Parlamentario de MORENA, presentó un Punto de Acuerdo en el H. Congreso del Estado para que las autoridades aborden este problema. Su iniciativa busca prevenir que el racismo y la discriminación afecten el acceso a la justicia de las personas indígenas. Para ello, se promovieron reformas a la Constitución local y leyes que permitan la creación de un Centro de Personas Traductoras e Intérpretes en Chihuahua, con personal capacitado para asistir a indígenas en procesos judiciales.
A pesar de que el Poder Judicial estableció la figura del intérprete y contrató a seis indígenas en 2023 con un presupuesto de más de 5 millones de pesos, el número de intérpretes no aumentó en 2024, a pesar de un presupuesto elevado a 6.7 millones, dificultando la consolidación del centro. La diputada Palma enfatizó la necesidad de incrementar tanto el personal como el presupuesto, incluyendo la apertura de centros regionales y la contratación de especialistas en Lengua de Señas Mexicana y Braille.
En su intervención, Palma instó a la titular del Poder Ejecutivo a garantizar que en 2025 se incorporen plazas de traductores e intérpretes indígenas en la plantilla de Servidores Públicos, con salarios justos y un presupuesto adecuado para asegurar el derecho al debido proceso de las comunidades indígenas. También pidió a la titular del Poder Judicial formalizar y aumentar el número de intérpretes en el centro, evitando contrataciones temporales, para fortalecer la protección de los derechos humanos en la región.
Con información de Portal Libre
