Morena ha pedido a los ministros Norma Piña Hernández y José Luis González Alcántara Carrancá que se aparten de conocer el caso promovido por el PAN porque ambos organizaron una cena, el 12 de diciembre de 2023, con los magistrados electorales Mónica Aralí Soto Fregoso, Felipe Fuentes Barrera y Alfredo de la Mata Pizaña con Moreno Cárdenas y Santiago Creel, coordinador de la campaña presidencial de Xóchitl Gálvez.
En lo que Morena llama un intento de “golpe de Estado técnico” y “una conspiración burda”, la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña, admitió un recurso del Partido Acción Nacional (PAN) para revertir la mayoría calificada de ese partido y sus aliados en la Cámara de Diputados y para ello asignó al Ministro José Luis González Alcántara Carrancá, el anfitrión de la cena de ella con magistrados electorales y el presidente nacional priista, Alejandro Moreno Cárdenas.
Es de tal gravedad la decisión de la SCJN de recibir el recurso del PAN, porque podría derivar en modificar la integración de la Cámara de Diputados que decidió el Instituto Nacional Electoral (INE), que Morena y sus aliados solicitaron a ese órgano del Poder Judicial que los ministros Piña Hernández y González Alcántara Carrancá se excusen de participar en el trámite y resolución del recurso promovido por Marko Cortés, presidente panista.
La razón para pedirle a Piña Hernández y González Alcántara Carrancá que se aparten de conocer el caso promovido por el PAN es que ambos organizaron una cena, el 12 de diciembre de 2023, con los magistrados electorales Mónica Aralí Soto Fregoso, Felipe Fuentes Barrera y Alfredo de la Mata Pizaña con Moreno Cárdenas y Santiago Creel, coordinador de la campaña presidencial de Xóchitl Gálvez.
La cena, a la que Creel finalmente no asistió, se celebró en la mansión del ministro González Alcántara Carrancá, ubicada en Paseo de la Reforma, Lomas de Chapultepec, y ahí Piña dijo a los magistrados electorales que “Alito” Moreno Cárdenas, presidente nacional del PRI, es su amigo.
Con base en esta información, publicada en mayo por el diario Milenio, Morena y sus aliados piden que Piña Hernández y González Alcántara Carrancá no participen en el caso de la contradicción de criterios entre la propia SCJN y la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), identificada con el expediente 231/2024, cuya resolución debe definir qué criterio debe prevalecer para la asignación de los 200 diputados federales de representación proporcional.
El Ministro González Alcántara Carrancá aclaró este martes que se tomará “el tiempo debido” para proponer un proyecto al pleno y reconoció que “éste no podrá tener por efecto reemplazar las decisiones de la Sala Superior del TEPJF en lo que a su competencia corresponda”.
“Cada órgano del Estado Mexicano debe y tiene que asumir en este sentido la responsabilidad que la Constitución le confiere. Se han generado expectativas y confusiones en torno al alcance del medio de control invocado que pueden resultar mas nocivas que enriquecedoras, en un contexto como el actual, a horas o días de que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resuelva en forma definitiva e inatacable las ultimas impugnaciones sobre las elecciones federales de diputados y senadores”, dijo el Ministro en una breve intervención pública.
Esta posición fue celebrada por la Ministra Batres Guadarrama desde su cuenta de X: “Celebro el pronunciamiento del ministro Juan Luis González Alcántara y Carrancá respecto de que no se aprovechará la denuncia de contradicción de criterios 231/2024 para interferir en el actual proceso electoral. Corresponde a las y los ministros actuar en el marco de nuestra Constitución, más aún cuando se trata del funcionamiento democrático de nuestro país”, escribió la integrante del Máximo Tribunal de México.
En 1998, la SCJN resolvió que la representación proporcional busca evitar la sobrerrepresentación de los partidos mayoritarios y que este principio aplica tanto a partidos como a las coaliciones.
Por su parte, la Sala Superior del TEPJF sostiene que la sobrerrepresentación aplica sólo a partidos, no a coaliciones, como lo establece el artículo 54 de la Constitución, criterio que siguió el INE para que Morena y sus aliados obtuvieran la mayoría calificada en la Cámara de Diputados
El argumento de Piña Hernández para admitir el recurso que presentó Marko Cortés es que el TEPJF “deja de lado” lo que resolvió la SCJN en 1998.
Así, Piña encomendó al ministro González Alcántara Carrancá elaborar el proyecto que debe ser votar a más tardar el próximo jueves, cuando la Sala Superior del TEPJF resuelva si proceden o no las impugnaciones de la oposición a la mayoría calificada de Morena y sus aliados.
La decisión de Piña Hernández de dar entrada al recurso del PAN se produce en medio del trámite legislativo para avanzar en la reforma al Poder Judicial de la Federación, que sería aprobada por la mayoría calificada de Morena y sus aliados el 1 de septiembre, el mismo día del inicio de la próxima legislatura.
La Sala Superior del TEPJF trabaja aceleradamente en resolver los cientos de impugnaciones que han llegado contra la decisión del INE de asignar la mayoría de las plurinominales a Morena y sus aliados.
“Hay un intento de golpe de Estado técnico”, afirma el Diputado federal Hamlet García Almaguer, representante de Morena ante el INE, sobre la emisión del recurso del PAN en la SCJN y, además, el Poder Judicial acudió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para negar la existencia de los 36 millones de votos que obtuvo Claudia Sheinbaum y la mayoría calificada en la Cámara de Diputados.
Esto como parte de la impugnación que el Poder Judicial de la Federación hace a la reforma que está en marcha y que, alega: “Como se puede apreciar, los cambios constitucionales que se encuentran en curso revelan que, ante el manto de un discurso aparentemente democrático, sustentado en la fuerza de una mayoría legislativa no obtenida en las urnas, sino en las torcidas decisiones de los órganos electorales, está oculta una agenda tendiente a la captura, cooptación y sometimiento ahora también del Poder Judicial bajo una sola corporación política que de llegar a cristalizar sus pretensiones materializaría un golpe de Estado técnico, en tanto que ubicaría al Estado mexicano en una misma posición que décadas atrás se lograba por medios de las armas en la región en la región latinoamericana, es decir, en una dictadura de facto”.
Crédito: SINEMBARGO
