El Diputado Ignacio Mier dio a conocer alrededor de 100 cambios que se incluirán a la iniciativa que reforma al Poder Judicial, de los cuales 60 afirma que se obtuvieron en los nueve foros nacionales.
Ignacio Mier Velasco, coordinador del Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, informó este viernes la serie de cambios que se efectuarán a la reforma al Poder Judicial. Uno de los más significativos, implica que el cambio de juzgadores será escalonado, aunque para 2025 se contemplará una primera elección de voto popular para cambiar a la totalidad de las y los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Durante una conferencia de prensa, el coordinador de Morena dio a conocer alrededor de 100 cambios que se incluirán a la iniciativa que reforma al Poder Judicial, de los cuales 60 afirma que se obtuvieron en los nueve foros nacionales que se llevaron a cabo en distintos puntos del país.
Uno de los principales cambios involucra un cambio escalonado en funcionarios juzgadores del Poder Judicial, es decir ministros, magistrados y jueces. Sin embargo, estos primeros, integrantes de la Suprema Corte de Justicia, serían renovados en su totalidad a través de una elección popular que ocurriría el primer domingo de junio de 2025.
Junto con la elección de los nuevos ministros de la SCJN, también se contemplaría la definición del 50 por ciento de magistrados y todas las vacantes, cesantías para retiros, prejubilaciones de jueces; sin embargo, adelantó que a través de un informe que emita la Judicatura Federal al Senado de la República podría precisar el número exacto de cargos a renovar.
“Va a ser gradual, va a ser por escalonamiento. Habrá una elección extraordinaria para 2025, habrá otra, ya ordinaria, concurrente con la elección federal [intermedia] en 2027. Se determinará en las extraordinarias cuáles son y de qué manera se realizará el proceso electoral”, explicó Mier Velazco.
Entre otros cambios, también señala la insaculación para elegir a los candidatos cuando se exceda el número de participantes para un cargo dentro del Poder Judicial, esto con el fin de garantizar “la paridad e iniciando siempre por darle el primer espacio a mujeres”.
Asimismo, detalló que se instalarán tres órganos de evaluación, uno de cada poder federal, para revisar los expedientes y antecedentes de cada aspirante con el fin de elegir a los candidatos más aptos para cada uno de los cargos; así como dos evaluaciones, una antes de participar y otra al año de haber tomado protesta del cargo.
“Cuando los tres comités, alguno de ellos o los tres, lleguen a la conclusión de que hay muchos buenos candidatos para el cargo, ahí sortearán para que se reduzca el número y los que resulten de ese procedimiento aleatorio que existe en la legislación mexicana desde siempre, serán los que pasen por la vía del Senado al INE para que participen como candidatos”, precisó.
Y en cuanto a las campañas de los candidatos, aseguró que serán “fuera de lo acostumbrado”, pues no podrá desplegarse propaganda ni se realizarán en territorio, sino que únicamente por la vía individual a través de la exposición de propuestas y conocimientos; así como los debates que organice el Instituto Nacional Electoral (INE) o medios de comunicación.
Mier Velasco había anunciado a inicios de este mes que habría cambios a la reforma al Poder Judicial; sin embargo, estos no afectarían la esencia principal de la iniciativa propuesta por el Presidente Andrés Manuel López Obrador.
Durante el penúltimo foro convocado en Saltillo, Coahuila, el morenista aseveró que se alistan dos cambios a la reforma del Poder Judicial de la Federación (PJF), a fin de hacer “viable” la elección de jueces y magistrados por la vía del voto popular. Además, prevé la creación de comités de evaluación, los cuales estarán encargados de analizar a los aspirantes.
“En los próximos días vamos a poder expresar las primeras líneas de modificaciones a la iniciativa en varios aspectos centrales”, detalló Mier en su participación.
Ante las propuestas, Ignacio Mier afirmó que busca favorecer a millones de mexicanos que están en espera de que se le dé cumplimiento a un derecho constitucional, con el objetivo de tener acceso a una justicia pronta, expedita y gratuita. Asimismo, señaló que el Poder Judicial y sus integrantes, en todos los estratos, garanticen la plena y total independencia y autonomía de cualquier otro Poder, así como de poderes fácticos ajenos al andamiaje institucional democrático de nuestro país.
Finalmente, el Diputado garantizó a todos los trabajadores que “los derechos adquiridos, incluidos el retiro de haber, se van a respetar, porque es dinero de los trabajadores, porque es de ellos, es producto de su trabajo, de años de esfuerzo y eso, el más sensible de ello, es nuestro movimiento, porque es un movimiento que se debe al pueblo y respetamos los derechos del pueblo y los vamos a hacer por convicción y porque así debe de ser”.
El Presidente Andrés Manuel López Obrador, que este año termina su periodo de Gobierno, envió el lunes 5 de febrero del 2024 a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión 18 iniciativas de reformas constitucionales para revertir los efectos del frenesí legislativo de los gobiernos que le antecedieron.
Esas iniciativas serán dictaminadas por la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados durante el mes de agosto, para que sean discutidas y eventualmente aprobadas por el pleno de la nueva legislatura que iniciará sus tareas el domingo 1 de septiembre del 2024.
Con respecto a la Reforma Judicial, la iniciativa señala: “El Gobierno de la Cuarta Transformación sostiene que una de las causas estructurales relacionadas con la impunidad y la falta de justicia que ha padecido nuestro país en las últimas décadas ha sido la ausencia de una verdadera independencia de las instituciones encargadas de impartirla, así como el distanciamiento cada vez más profundo que existe entre la sociedad mexicana con las autoridades judiciales que conocen y atienden sus conflictos en los Juzgados de Distrito, los Tribunales de Circuito y la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), lo que ha restado credibilidad en su actuación y pérdida de legitimidad en sus decisiones”.
El documento reflexiona que: “La paz sólo puede ser producto de la justicia, pero no puede haber justicia si los órganos responsables de garantizarla muestran incapacidad o desinterés en cumplir con sus deberes constitucionales, o peor aún, privilegian los intereses de grupos de poder creados que son contrarios al interés público”.
Y explica: “Esta reforma pretende romper con la inercia de los acuerdos cupulares, dónde las y los ministros, magistrados y jueces, no eran responsables ante la ciudadanía sino ante quienes los propusieron en el cargo, orientando sus decisiones a la protección y defensa de intereses personales y de grupos e intereses fácticos. Al impulsar la democratización de la justicia y someter a los integrantes del Poder Judicial al voto popular, se garantiza que representen las diferentes visiones que conforman la sociedad mexicana, logrando así que el acceso a una justicia pronta, expedita e imparcial sea una realidad y no un principio escrito, que sólo se utiliza para fundar y motivar los procesos judiciales, pero que no se refleja en la realidad de las personas justiciables”.
Crédito: SINEMBARGO
