Que el mundo ruede, dijeron las regidoras y los regidores del Ayuntamiento, que al cabo yo me voy de vacaciones, y con todo pagado por el erario municipal.
En la última sesión de Cabildo del fin de semana, antes de irse por las Europas, dizque a un seminario de “Gestión Urbanística”, todito se aprobó por unanimidad y sin debate, con la justificación de que ya se había visto previamente en comisiones.
No únicamente se autorizó el Plan de Desarrollo Urbano Sostenible (PDUS), pese a los cuestionamientos de Organizaciones de la Sociedad Civil y especialistas en urbanismo respecto a las contradicciones que el documento rector presenta en relación a la dispersión urbana que se supone combatirá, también se aprobaron en paquete cambios de zonificación y de uso de suelo que ni siquiera se leyeron en la sesión para que los juarenses supieran qué votaban sus representantes.
Esa es una práctica recurrente, por lo que si el ciudadano quiere saber de qué están hablado en la sesión, tuvo que haber asistido o conectarse a las reuniones de comisión, ya que incluso en la sesiones previas de Cabildo “se dispensa” toda lectura.
Así que se entierran de plano los principios de mayor publicidad y transparencia. A la hora de votar en la sesión ordinaria, únicamente lo hacen por el numeral que se señala en el orden del día, para no tener “la molestia” siquiera de enunciar el punto. Se cuelga el documento con el dictamen en el portal gubernamental, pero ante el Ayuntamiento en pleno, ni se menciona.
Así, empaquetado y sin decir nada más que su correspondiente numeral, se votó el punto IV.4 relativo al “Dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano para aprobar un cambio de zonificación secundaria, respecto de un predio en calle Soja esquina con calle Vid, colonia Mezquital, con una superficie total de 4,089.460 m², a solicitud de la Iglesia del Dios Vivo, Columna y Apoyo de la Verdad de la Luz del Mundo A.R.”.
Ya lo habíamos comentado aquí. En ese caso se cambió el uso de suelo de área verde a servicios y equipamiento en favor de la iglesia que sigue encabezando desde una prisión en California, el polémico “Apóstol de Jesucristo”, Naasón Joaquín García, sentenciado por abuso sexual contra menores de edad.
Supo este Don que nadie cuestionó nada del caso porque se trató más de una regularización, ya que el predio se fincó con anterioridad; sin embargo, ahí está el caso como claro ejemplo de violación impune de la normatividad urbana, ya que no existe registro de sanción alguna por esa acción tolerada desde la Administración de Armando Cabada, tampoco de que se haya propuesto en la actual gestión, una manera de reponer el espacio para área verde.
Igual pasó con el punto IV.5 relativo al “Dictamen de la Comisión de Desarrollo Urbano para aprobar un cambio de zonificación secundaria, respecto de los predios ubicados en la Prolongación Av. Valle del Sol, con una superficie total de 10,611.985 m², a solicitud de los ciudadanos Luis Enrique Aragón Montemayor, Eric Carrazco Hernández, Alfredo Villagrana Muñoz y/o Juan Alberto del Real Aguilar”.
Se trata del denominado predio “Las Anitas” donde antes se intentó construir (lo que también fue cuestionado por los vecinos) otra planta de BRP, pero ahora se plantean más fraccionamientos que seguirán saturando la zona en la que crecen los problemas de movilidad y conectividad vial, además de la baja en la presión del agua. De igual manera, ahí se votó cambiar la zonificación de área verde a servicios-habitacional.
De nada de eso se habló en la sesión ordinaria del viernes y todos votaron a favor. ¡Ah, pero eso sí!, la mayoría de las y los representantes populares se van a Madrid el próximo 20 de julio a capacitarse en “Gestión Urbanística”. Ni la burla perdonan. Al menos 8 de 15 que ya dijeron que sí se subirán al avión, no van a repetir en el cargo y la administración prácticamente ya se acabó.
Por cierto, el Gobierno municipal, en general, entra en periodo vacacional desde este lunes y por dos semanas. Por eso, insiste este Don, ni a quién le importe que la ciudad se vaya al carajo y que los desarrolladores se sigan “comiendo” áreas verdes y de equipamiento.
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Resulta irrisorio cómo los gobiernos se jactan de ser transparentes porque cumplen con las peticiones de información que les hacen los ciudadanos, aunque esas buenas calificaciones de “transparencia” al final de cuentas resultan una vacilada porque, a pesar de que generan respuestas, muchas veces no satisfacen los requerimientos específicos de los interesados.
El tema de la transparencia ha sido utilizado por autoridades de todos los niveles para legitimar sus supuestas buenas intenciones y honradez cuando, según la experiencia de muchos ciudadanos que fue compartida con Mirone, solo simulan que cumplen con su obligación.
Por ejemplo, en una reciente incursión ante los entes de transparencia, se solicitó el listado con el número y nombre de personas, puestos y salarios de determinada dependencia municipal. Y sí, se recibió respuesta luego de 10 días hábiles, pero únicamente para remitir a innumerables archivos de PDF y Excel que contenían a todos los casi 7 mil trabajadores que tiene el Municipio de Juárez.
Se informó al solicitante que los datos requeridos estaban entre esos documentos y que con eso cumplían con la obligación; sin embargo, las listas proporcionadas solo establecen los puestos que ostentan los empleados municipales, sin detallar en qué dependencia trabajan.
Las quejas se dan también en los ámbitos estatal y federal por situaciones similares, donde los ciudadanos que piden algún dato específico, reciben legajos interminables de información que dejan sin aliviar la necesidad que se tiene para conocer algo relacionado con el burocrático aparato que administra recursos y bienes públicos.
Tal parece que muchas de las respuestas generadas por las dependencias no tienen el espíritu de apoyar a los solicitantes de información, sino por el contrario, de confundirlos.
La transparencia debe ser una herramienta para enfrentar a la corrupción, un fenómeno con el que hay que convivir a diario y que muchos funcionarios se empeñan en asumir como un estilo laboral para alcanzar objetivos muy ajenos al interés público.
Por desgracia, prevalecen malos empleados gubernamentales que la utilizan como uno más de sus medios para ocultar las tropelías que cometen en contra de la colectividad, ejerciendo una transparencia parcial y manipulada, tan solo para taparle el ojo al macho.
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Donde sigue el novelón de intriga política medio ranchera, es en San Francisco del Oro, allá donde le entró al tema la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua (FACH), mientras guarda en el cajón los expedientes de mayor trascendencia, como las 11 carpetas de investigación contra el alcalde juarense Cruz Pérez Cuéllar, colaboradores y exfuncionarios.
Todo mundo va contra el alcalde que fue postulado por Morena-PT, quien perdió la reelección el pasado 2 de junio, seguramente también por esas mismas broncas financieras que venía arrastrando hace tiempo.
Luego de que la FACH realizó sus diligencias con la Presidencia Municipal y todos sus archivos asegurados, el titular de la Auditoría Superior del Estado, Héctor Acosta Félix, señaló que fue su instancia la que generó la denuncia penal en contra del alcalde Arturo Huerta Luévano.
El caso tiene que ver con la contratación irregular de un crédito de alrededor de 5.7 millones de pesos, sin contar con la previa autorización del Congreso del Estado. Aunque la auditoría corresponde al 2022, la denuncia se presentó en mayo de este año.
Como hay varias violaciones a la Ley de Disciplina Financiera y a la Ley Estatal de Deuda Pública, se está armando además otra denuncia administrativa, la cual irá a parar al Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, el órgano jurisdiccional supuestamente autónomo que acaba de ser modificado en su conformación a partir de una iniciativa de reforma promovida por el PAN.
Lo que se supo este fin de semana, es que en torno a la denuncia penal ya declaró la secretaria del Ayuntamiento, Alejandra Ontiveros.
El propio alcalde Huerta todavía no es requerido en declaración formal por parte de la Fiscalía. Y aunque hubo aseguramientos en la Presidencia Municipal, ya se le permitió seguir despachando, luego de que concluyeron las diligencias de la FACH.
La carpeta de investigación en contra de Huerta es por uso ilegal de atribuciones y facultades, inscrito en el catálogo de delitos de corrupción.
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Quienes se dieron vuelo todo el fin de semana por la Sierra Tarahumara, fueron Juan Carlos Loera y Andrea Chávez, senador y senadora electa por Morena.
Hicieron equipo y siguieron con la gira de agradecimiento por todo el estado, la que ha generado bastante ruido al interior y al exterior de Morena, ya que claramente trae afanes de posicionamiento para lo que vendrá en el 2027, tanto por el lado de Loera como de Andrea.
Apenas habíamos comentado que, ante una inactividad por los municipios, parecía que a la chica del relevo generacional le habían puesto el freno de mano, ya que era la más desaforada en su anticipada promoción, pero, por lo visto, solo era un respiro para cumplir con la visita a los 67 municipios.
Uruachi, Tónachi, Basaseachi Nonoava, Carichí, fueron algunas de las comunidades serranas que tocó la gira, en encuentros caracterizados por la participación de representantes de los pueblos originarios, además de quienes resultaron electos para otros cargos de representación popular como parte de la 4T.
Hasta de promotores turísticos la hicieron Loera y Chávez, ya que publicaron en sus redes fotos y videos presumiendo distintas bellezas de la Tarahumara, como las cascadas de Basaseachi y Tónachi.
Crédito: NORTE DIGITAL
