No es el único caso. Problemas del corazón, hígado, presión alta y hasta anemia, por mencionar algunos, han sido los padecimientos que exfuncionarios mexicanos han alegado para seguir sus proceso en arresto domiciliario por desfalcos millonarios, desviación de recursos públicos, lavado de dinero, sobornos, delincuencia organizada, y otros delitos.
El exgobernador César Duarte Jáquez, acusado de un desvío millonario en Chihuahua, fue captado sonriente en el restaurante Antojitos Pam-Pam, en la capital del estado, a semanas de haber salido de prisión preventiva para seguir su proceso en casa y luego de haber sido dado de alta tras haber sido sometido a una cirugía de corazón.
Duarte Jáquez, acusado de desviar 120 millones de pesos en el año 2017, exhortó durante su proceso a las autoridades a otorgarle prisión domiciliaria argumentando que padece hipertensión y problemas de columna vertebral. El Juez de control rechazó la petición por riesgo de sustracción de la justicia por parte del imputado, no obstante el pasado 6 de junio, la Jueza Hortensia García le permitió seguir su proceso en libertad luego de que vencieran los dos años de prisión preventiva que establece la Ley para que una persona esté detenida llevando un proceso penal. Días después, el 11 de junio, salió del hospital privado en el que se recuperaba de una operación.
No es el único caso. Problemas del corazón, hígado, presión alta y hasta anemia, por mencionar algunos, han sido los padecimientos que exfuncionarios mexicanos han alegado para seguir sus proceso en arresto domiciliario por desfalcos millonarios, desviación de recursos públicos, lavado de dinero, sobornos, delincuencia organizada, y otros delitos.
“Estoy muy enfermo, yo estoy seguro porque ya lo viví, que si me llega a dar otra crisis de salud no la voy a librar”, expresó el exgobernador César Duarte cuando buscó salir de prisión. Dos casos similares fueron los de Jesús Murillo Karam y Rosario Robles.
El exprocurador de Justicia mexicano Jesús Murillo Karam fue detenido en agosto de 2022 por su relación con el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en septiembre de 2014. Para octubre de 2023, fue ingresado a terapia intensiva en el Hospital de Cardiología de la Ciudad de México luego de haber presentado problemas de presión alta y, altos niveles de colesterol y triglicéridos.
Lo anterior propició que el juez federal José Rivas González del Centro de Justicia Penal Federal del reclusorio Norte declarara en noviembre del 2023 prisión domiciliaria para el exprocurador, sin embargo las cosas cambiaron cuando el titular del Juzgado Octavo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, Rubén Darío Noguera Gregoire, rechazó la medida cautelar argumentando posible riesgo de fuga.
Fue hasta el 13 de abril pasado cuando Murillo Karam dejó la Torre Médica del penal de Tepepan, donde permaneció desde el 30 de junio de 2023, para ser llevado a su casa, luego de que un juez de control del Reclusorio Sur le confirmó dos días antes el beneficio de la prisión domiciliaria para lo cual se le impusieron 15 medidas de control, entre ellas el uso de brazalete, la prohibición de salir de casa, además de estar bajo vigilancia durante las 24 horas del día.
Otro caso es el de Rosario Robles, quien se desempeñó como Secretaria de Desarrollo Social durante el sexenio de Enrique Peña Nieto. En febrero de 2023 quedó exonerada del delito de ejercicio indebido del servicio público del que se le acusó en 2019, pero durante el proceso penal, se le negó prisión domiciliaria al menos en tres ocasiones.
“[Está] muy delgada, verdaderamente preocupada y está triste porque todos los planteamientos que ella hace, con respecto a la Ley, es no y eso merma en el ánimo de cualquier persona”, declaró Epigmenio Mendieta, abogado de Robles, en entrevista con el periodista Ciro Gómez Leyva en febrero del 2020.
Pese a los argumentos que la defensa presentó relativos a la salud de la ex Secretaria de Desarrollo Social, el juez apuntó que estos eran insuficientes para determinar que corría riesgo de continuar interna por lo que Robles tuvo que permanecer en el Reclusorio de Santa Martha.
Por el contrario, hay quienes sí han tenido éxito al argumentar problemas de salud.
Es el caso de “la maestra” Elba Esther Gordillo, exdirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), quien presentó padecimientos crónicos de hígado, hipertensión y renales, entre otras afecciones, mientras se encontraba en el reclusorio femenil de Tepepan acusada de desvío de recursos públicos, lavado de dinero y delincuencia organizada.
Cuatro años y 10 meses después de su detención, suscitada en febrero del 2013, la entonces Procuraduría General de la República (PGR) otorgó a “la maestra” prisión domiciliaria por lo que la exlideresa, de ese entonces 72 años de edad, permaneció en un departamento de lujo ubicado en Polanco hasta agosto de 2018, que fue absuelta por las autoridades.
Otro personaje que convenientemente presentó problemas de salud fue el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, quien al ser extraditado desde España por el caso Odebrecht tuvo que ser internado luego de presentar anemia desarrollada y problemas sensibles en el esófago, según el perito médico de la Fiscalía General de la República.
El pasado mes de febrero, luego de poco más de dos años de prisión, Lozoya dejó el Reclusorio Norte para continuar con el proceso penal en prisión domiciliaria.
Por otra parte, Jaime Rodríguez “El Bronco”, exgobernador de Nuevo León, consiguió que un juez de control cambiara la medida cautelar de prisión preventiva por el delito de abuso de autoridad a arresto domiciliario durante tres meses debido a que presentaba “condiciones de salud inestables”.
Tras ser diagnosticado con diverticulosis, “El Bronco” se tuvo que someter a dos cirugías de colón durante el 2022 por lo que, en ese entonces, se encontraba con oxígeno suplementario, con sonda nasogástrica y con un catéter venoso central.
En octubre del mismo año el Juez federal de control en el estado de Nuevo León, Juan Marcos Olguín Rodríguez, absolvió al exgobernador de Nuevo León de desviar recursos del erario para recolectar “broncofirmas” para avalar su candidatura independiente a la presidencia de la República en las elecciones del 2018.
Crédito: SINEMBARGO
