La iniciativa de reforma constitucional sobre los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos pretende reconocer a quienes son parte de esas comunidades como sujetos de derecho público y no como objetos de interés público, como actualmente sucede.
Así lo informó Adelfo Regino Montes, titular del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), quien afirmó que esta iniciativa presidencial “es un acto de justicia social”.
El funcionario expuso la propuesta enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador para reformar la Carta Magna en favor de las comunidades originarias y afroamexicanas.
En el marco del Día Internacional de la Lengua Materna —que se conmemora este 21 de febrero—, en la mañanera presidencial se presentaron los alcances de esta iniciativa, donde el punto central es que estas comunidades se conviertan en sujetos de derechos.
El director del INPI indicó que actualmente en el artículo 2 de la Constitución los habitantes indígenas y afromexicanos son reconocidos como sujetos de interés público, es decir, “son tratados como objeto de la protección, tutela y asistencia de las normas, políticas y acciones del gobierno y de terceros”.
La iniciativa, agregó el funcionario, lo que pretende es reconocerlos como sujetos de derecho público, lo que quiere decir que “tendrán capacidad plena para ejercer sus derechos y establecer una relación de respeto, diálogo y coordinación con el gobierno y sociedad”.
Con base en las modificaciones propuestas por el mandatario federal, se reformaría el artículo 2 constitucional a fin de garantizar a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas de la capacidad para ejercer sus derechos por sí mismos y tomar decisiones en sus asambleas, mismas que serán respetadas por el gobierno y la sociedad.
Adelfo Regino Montes planteó que México es una nación pluricultural y multiétnica en la que existen 70 pueblos indígenas y el pueblo afromexicano. Hablan 68 lenguas indígenas con 364 variantes a lo largo y ancho del país.
Hay en territorio nacional 7.3 millones de hablantes de lenguas indígenas y 23 millones de personas se reconocen como pertenecientes a un pueblo indígena y 2.5 millones como afromexicanos.
La reforma propone que estas comunidades también puedan nombrar y elegir a autoridades en sus asambleas, y sus actos y decisiones tendrán pleno valor jurídico; además de recibir y administrar recursos públicos de manera directa y defender sus derechos colectivos ante instancias jurídicas y otras autoridades.
Un punto importante es que se les reconoce su patrimonio cultural, esto para contrarrestar los plagios de los que han sido víctimas en varios elementos de sus tradiciones.
La iniciativa también establece un conjunto de derechos, deberes y obligaciones para el Estado, como el impulsar el desarrollo comunitario y regional de estos pueblos; el deber de asignar el presupuesto que los pueblos podrán administrar y ejercer directamente; garantizar el derecho de mujeres indígenas y afromexicanas; construir vías de comunicación, caminos artesanales, elementos para la comunicación digital, entre otros; reconocer las formas organizativas de residentes migrantes indígenas, sobre todo en contextos urbanos, y el vínculo con sus comunidades de origen; realizar las consultas pertinentes ante actos administrativos y legislativos que sean susceptibles de afectarles, entre otros.
Crédito: LA JORNADA
