La marcha del 8 de marzo en Chihuahua, convocada para exigir justicia por la violencia de género, estuvo marcada por un operativo policiaco que derivó en agresiones y detenciones arbitrarias. Al menos seis mujeres fueron golpeadas por agentes encubiertos y tres integrantes del Bloque Negro fueron detenidas por policías vestidos de civil y patrullas estatales. Una de ellas fue trasladada al Hospital Central debido a las lesiones sufridas.
Denuncias formales ante Derechos Humanos
Este lunes, 10 mujeres presentaron denuncias ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) por abuso policial, uso excesivo de la fuerza y detenciones arbitrarias durante la protesta. Testimonios coinciden en que los agentes no se identificaron, portaban bates y extintores y esperaron a que las manifestantes se dispersaran para detenerlas.
Las jóvenes relataron que, tras su arresto, fueron insultadas y amenazadas, sin recibir información sobre su situación legal. “Solo te agarran y te detienen”, denunció una de ellas de manera anónima.
El presidente interino de la CEDH, Alejandro Carrasco Talavera, confirmó la recepción de las quejas y aseguró que se investigará la actuación de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE).
Justificación oficial vs. evidencia en video
La SSPE justificó el operativo alegando que las detenciones se realizaron para proteger a una guardia de seguridad en el Registro Civil. Aseguraron que los agentes actuaron sin armas y conforme a los protocolos.
Sin embargo, videos y fotografías tomadas por manifestantes muestran a los agentes utilizando objetos contundentes y deteniendo a las jóvenes con violencia.
El vocero de la SSPE, Jorge Armendáriz, declaró que el operativo dejó “saldo blanco” y minimizó los hechos, argumentando que las detenidas fueron liberadas sin cargos. También reportó daños menores en edificios gubernamentales, una escuela y un medio de comunicación.
Organizaciones exigen destituciones
Ante los hechos, más de 30 organizaciones y alrededor de 100 activistas emitieron un pronunciamiento exigiendo la destitución de los responsables del operativo, así como sanciones administrativas.
Señalaron que el uso de agentes encubiertos para reprimir manifestaciones viola el artículo 6° de la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública, que establece que la policía debe actuar con legalidad y respeto a los derechos humanos.
“La violencia policial contra mujeres que protestan es una grave violación a los derechos humanos. La falta de protocolos y la represión institucionalizada deben terminar”, advirtieron.
Entre las organizaciones firmantes están Abogadas Demócratas, Casa Amiga Esther Chávez Cano, el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, Red Mesa de Mujeres y Poemoras, entre otras.
